La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) ha expresado su profunda preocupación tras la promulgación de la Ley 1613, que establece el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Esta decisión, tomada sin la debida discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ha sido interpretada como un claro reflejo de la desconexión del gobierno con las reales necesidades económicas del país.
CAINCO critica la falta de debate y consenso
Más de 2.000 asociados de CAINCO, junto con su Directorio, han manifestado su rechazo a la aprobación unilateral del PGE 2025.
Según la Cámara, la falta de debate plural en la ALP y la imposibilidad de incorporar ajustes necesarios para mejorar la situación económica del país son un grave indicio de la desconexión entre las autoridades y las demandas de la población.
Un presupuesto desconectado de la realidad económica.
En su comunicado, la CAINCO expresa que el PGE 2025, aprobado por segundo año consecutivo de manera unilateral, ha generado inquietud en el sector empresarial.
Para CAINCO, la Comisión de Planificación de la ALP introdujo modificaciones en varios artículos del presupuesto, pero la falta de acción legislativa, especialmente en la dilatación del tratamiento en el pleno antes del receso anual, ha evidenciado que la situación económica está atrapada en intereses políticos.
Deuda externa y medidas contra productores
Según la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, uno de los aspectos más alarmantes del PGE 2025 es la autorización de un endeudamiento externo de hasta $us 4.000 millones.
Esta medida se destinaría a financiar el presupuesto, la deuda pública y las emergencias, pero también agravaría la situación financiera del país.
Según CAINCO, esta decisión refleja una falta de voluntad para atraer inversiones y diversificar la economía, lo que solo perpetuará la crisis y reducirá las posibilidades de crecimiento económico sostenible.
La disposición adicional que agrava la crisis
Otro de los puntos polémicos que resalta en el comunicado, se enfoca en que es la disposición adicional séptima, que otorga a las entidades del Estado la facultad de decomisar productos de la canasta familiar.
CAINCO ha señalado que esta medida solo refuerza la incertidumbre y afecta gravemente la confianza en el clima de inversión y en la actividad económica en general.
Además, afirman que, lejos de solucionar los problemas de abastecimiento, esta acción desincentiva la producción y comercialización de bienes esenciales.
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Llamado a políticas económicas realistas
Ante la grave crisis económica que enfrenta el país, CAINCO ha instado al gobierno y las autoridades nacionales a adoptar políticas económicas más realistas y efectivas.
Según la Cámara, es crucial estimular la inversión, generar empleo y fortalecer la seguridad jurídica para revertir la situación actual. La falta de diálogo y el enfoque unilateral del PGE 2025 son vistos como factores que profundizan la crisis económica e institucional de Bolivia.
