El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, vigente desde el 1 de enero a través de la Ley 1613, incorpora medidas orientadas a fortalecer el aparato productivo, impulsar la industrialización y garantizar la estabilidad de precios en beneficio de la población boliviana, destacó el Ministerio de Economía, a través de un comunicado.
Según el informe, el Presupuesto para esta gestión incluye políticas para fomentar el crecimiento económico. Una de las más destacadas es la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del gravamen arancelario para la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales.
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Estas medidas, aplicables a sectores como el agropecuario, industrial, construcción y minería, buscan promover la sustitución de importaciones y mejorar la calidad productiva.
En cuanto a la provisión de hidrocarburos, el artículo 9 del PGE 2025 exonera del IVA a la importación de petróleo crudo, gasolinas y diésel oíl.
A la fecha, 37 empresas están autorizadas para importar combustibles, contribuyendo a garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
Además, destaca que la Ley Financial fomenta la reinversión empresarial mediante incentivos tributarios. Las empresas extranjeras que reinviertan un mínimo del 25% de sus utilidades podrán beneficiarse de una exención parcial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), lo que impulsa la generación de empleo y el desarrollo económico.
Otro punto clave del PGE 2025 es el incentivo a la sostenibilidad energética. La importación de bienes de capital destinados a la implementación de plantas de biodiésel estará exenta de gravamen arancelario, promoviendo las energías renovables y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, señala que el artículo 11 permite a los contribuyentes reanudar las Facilidades de Pago (FAP) para saldar deudas tributarias bajo las mismas condiciones iniciales, siempre que lo hagan antes del 31 de marzo de 2025.
Se espera que esta medida recupere Bs 3.214 millones para el Estado hasta 2030, beneficiando a los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades Públicas.
Asimismo, Economía insiste en que la disposición adicional séptima, que autoriza el comiso de productos en casos de especulación, tiene como único objetivo proteger el abastecimiento y la estabilidad de precios en la canasta familiar y no busca afectar al sector productor ni a comerciantes.
