La Cámara Nacional de Comercio alertó este martes que la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos, pone en riesgo a miles de empresas privadas.
Eduardo Olivo Gamarra, presidente de la CNC, lamentó que por segundo año consecutivo el PGE haya sido aprobado “de forma unilateral; y sin consenso” de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La disposición aludida establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Y señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización; conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial; emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Debemos entender que varios de estos productos (que pueden ser decomisados) son parte de un proceso de producción que involucra a varios agentes: productores de materia prima; importadores, industrializadores y por último los comercializadores”, dijo Olivo en un mensaje difundido a los medios de comunicación.
Asimismo, indica que toda la cadena productiva involucra varias transacciones monetarias para la adquisición de materias primas, insumos; que al final determinan el precio final del producto.
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Disposición
Además, advierte que la variación de precios que se advierte en los últimos meses en el país es producto de la inestabilidad en el tipo de cambio del dólar y la irregular distribución de combustible. “Dos variables que son responsabilidad única del Gobierno”.
“En los últimos 15 años tuvimos un tipo de cambio estable y una distribución regular de combustible; que hizo que los precios de los productos alimenticios pudieran mantenerse estables. Entonces lógicamente si el costo de uno o varios productos del componente de la cadena productiva está alterado el precio de venta al consumidor sufrirá variación”.
El presidente de la CNC considera que no es correcto que el Gobierno quiera “asfixiar” a los empresarios con disposiciones como esa; y alerta que se pone en riesgos la sostenibilidad de miles de empresas que generan empleos y aportan a la estabilidad económica del país.
“El incremento de precios tiene como origen en tipo de cambio y la irregular distribución de combustible; dos variables que son responsabilidad única del Gobierno”, complementó.
Remarcó, además, que los empresarios están en disposición de buscar mecanismos y sentarse en una mesa de negociación las veces que sea necesario para “eliminar o modificar” el artículo observado.
“Esto siempre y cuando el Gobierno esté verdaderamente dispuesto a buscar un resultado que vele por los empresarios y por la población boliviana en su conjunto”.
Lamentó, además, que el PGE 2025 no muestre austeridad, “el gasto público no disminuye”; a pesar de la situación económica del país.
La CNC no es la única institución que observa la disposición adicional séptima del PGE. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dijo que esa medida interfiere con el proceso armónico de la producción y exigió que sea eliminada.
Un sector de los gremialistas del país también la rechazan y anuncian medidas de protesta a partir de la próxima semana.
