El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, invitó nuevamente a los productores, industriales y empresarios a participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual autoriza el decomiso de productos y un mayor control estatal.
“Los productores, los empresarios, los industriales, los comerciantes deberían ser parte en la construcción de este reglamento porque precisamente va orientado a brindar seguridad jurídica”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.
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Reglamentación
Este viernes iniciaron las primeras reuniones de socialización de la nueva norma que se aplicará este año.
En un diálogo con los gremialistas, el Gobierno se abrió a la posibilidad de que en el reglamento se especifique que la disposición no se aplicará con los comerciantes minoristas.
La disposición adicional séptima del PGE autoriza el decomiso de productos y alimentos que sean acopiados con el objetivo de especular y venderlos a un precio más elevado.
Por ello, Silva señaló que no afectará a quienes operen de manera “formal y lícita”, sino a los especuladores.
Rechazo
Pese a las explicaciones del Gobierno, el sector productor se mantiene en alerta. Este viernes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó su rechazo a la disposición, argumentando que detendrá el aparato productivo.
“La CNI ratifica su firme y categórico rechazo a esa disposición, creemos que la misma dispone la confiscación; la arbitrariedad, la extorsión y el decomiso de productos. Solicitamos la derogación inmediata; por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado”, protestó el presidente de la entidad, Pablo Camacho.
El viceministro, por su parte, llamó a los interesados, a quienes se sienten afectados, a una “reunión seria” para definir los alcances y límietes de la disposición.
En tanto no se apruebe la reglamentación en coordinación con todos los sectores, la medida no se aplicará, explicó Silva.
