Este viernes, tras una reunión entre representantes del Gobierno y dirigentes del sector gremial de La Paz y El Alto sobre los alcances de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos, se llegó a un acuerdo para que la normativa no afecte a los comerciantes minoristas.
“En la reglamentación de la disposición séptima se debe puntualizar literalmente que el alcance de la disposición no llega al sector del comercio minorista”, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
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Disposición
La medida es ampliamente cuestionada por productores, industriales, empresarios, comerciantes, transportistas y gremialistas, debido a que autoriza a las autoridades del Gobierno realizar el decomiso de productos que sean guardados con el fin de generar especulación.
Por ello, Silva reiteró que aquellos que no sean especuladores y operen de manera regular no deben verse preocupados por la disposición. Asimismo, recordó que el acopio y el agio de algunos productos provocó que el país termine 2024 con una tasa de inflación acumulada de casi el 10%.
Otra de las conclusiones de la reunión de este viernes tiene que ver con establecer claramente cuáles serán los alimentos que serán controlados por el Gobierno.
“El segundo punto es que se debe definir los alimentos esenciales que serían objeto de control por parte de las autoridades del Estado”, leyó Silva.
De acuerdo con el viceministro, se prevé que éstos sean: “el arroz, el aceite, la carne de cerdo, de res, de pollo y el huevo”.
La autoridad añadió que las reuniones de socialización de la disposición adicional séptima continuarán en todo el país para que los sectores se informen y muestren sus preocupaciones y demandas.
De esta manera, los dirigentes gremiales presentes en la reunión señalaron que no participarán de la marcha convocada para el lunes en rechazo a esta disposición del PGE.
