La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó este viernes su rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sobre decomiso de productos, y aseguró que puede provocar la interrupción del aparato productivo.
El presidente de la entidad, Pablo Camacho, instó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa a “no profundizar el clima de inseguridad jurídica” y derogar esa disposición.
“La Cámara Nacional de Industrias ratifica su firme y categórico rechazo a esa disposición, creemos que la misma dispone la confiscación; la arbitrariedad, la extorsión y el decomiso de productos. Solicitamos la derogación inmediata; por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado”, dijo Camacho en conferencia de prensa.
Asimismo, enfatizó que ese tipo de medidas ahuyenta la inversión y crea un escenario que afecta la producción y la exportación. “Bolivia necesita certidumbre, no zozobra”, remarcó.
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CNI
Indicó que no se puede seguir asfixiando al sector formal y “menos crear un entorno propenso a la arbitrariedad y la extorsión. Esto puede interrumpir al aparato productivo”, enfatizó.
Además, recordó que el agio y el contrabando ya están tipificado en el Código Penal y son delitos que generan distorsión de precios e inflación, por lo que el Gobierno debe aplicar las normas y luchar contra esos ilícitos.
Remarcó que la vocación de los industriales es productiva y apolítica, no conspirativa. “No participaremos de ninguna reglamentación porque rechazamos esa disposición”.
La disposición séptima establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Además de la CNI, otros sectores productivos, gremiales y transporte también manifestaron su rechazo a esa norma y piden su abrogación.
