El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reiteró que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sobre decomisos, entrará en vigencia solo cuando esté lista la reglamentación concertada.
Silva se reunió el viernes con un sector de los gremiales de La Paz, El Alto y Beni y acordaron que esa disposición no afectará a los comerciantes minoristas.
“Ellos (gremiales) han señalado la importancia de informar a la población que la aplicabilidad de la disposición séptima de la Ley financial no está en vigencia mientras no tengamos la reglamentación aprobada y consensuada con aquellos sectores que se crean afectados”, explicó Silva en Unitel.
El mismo Silva dijo el jueves que la polémica disposición adicional séptima se encuentra “en pausa”.
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Disposición
El Gobierno está a la espera de un diálogo con los sectores afectados por la medida para establecer los alcances y límites de la norma.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además de los gremiales, varios sectores observan la norma. Por ejemplo, el viernes la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó su rechazo a la norma; y aseguró que puede provocar la interrupción del aparato productivo. El presidente de la entidad, Pablo Camacho, instó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa a “no profundizar el clima de inseguridad jurídica” y derogar esa disposición.
En contra de esta determinación, algunos sectores anunciaron que marcharán el lunes 13 de enero.
