El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, respaldó la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), argumentando que su propósito principal es proteger al sector productivo nacional, luchar contra el contrabando, que afecta gravemente a la economía del país, y la especulación que perjudica a la economía de la población.
“La medida busca brindar seguridad jurídica a los productores bolivianos y asegurar que la población acceda a productos nacionales a precios justos. También apunta a frenar a organizaciones criminales que almacenan grandes cantidades de productos para luego sacarlos del país de manera ilegal”, explicó Silva en entrevista con Unitel.
Puede leer: Producción de urea en Bolivia rompe récord y crece un 51% en 2024
Disposición
La disposición, cuestionada por sectores como los gremialistas, productores, industriales y transportistas autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a comerciantes que almacenen, retengan productos con el objetivo de incrementar su costo.
Por ello, Silva aclaró que la norma no está dirigida a los comerciantes que realizan actividades legales, sino exclusivamente a quienes acaparan productos con fines de contrabando y especulación.
“Esta disposición no afecta a los comerciantes minoristas ni a quienes mantienen stock para abastecer el mercado interno. Está orientada a quienes almacenan productos para elevar precios o sacarlos ilegalmente del país”, enfatizó.
Gobierno
El viceministro reveló que durante operativos se detectaron viviendas en zonas fronterizas repletas de productos destinados al contrabando.
“Necesitamos un respaldo legal para realizar controles y ejecutar comisos contra estas organizaciones criminales que afectan el mercado interno”, sostuvo.
Los sectores que muestran su rechazo a la disposición consideran que la norma vulnera sus derechos y temen posibles abusos en los controles. Sin embargo, Silva insistió en que la norma busca proteger la economía nacional y el acceso de la población a productos esenciales.
Al no existir una normativa vigente para frenar la especulación, el Gobierno considera que la medida permitirá garantizar el abastecimiento de ciertos productos de primera necesidad a un precio justo.
