La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados decidió este jueves suspender el tratamiento de los contratos de explotación de litio que el Gobierno firmó con las empresas Uranium One Group de Rusia y Hong Kong CBC de China, debido a la falta de documentación completa y legalizada.
“Por unanimidad se ha aprobado que no se va a tratar ningún contrato concerniente al litio, tanto lo de la empresa china como de la empresa rusa, hasta que el Ejecutivo no remita documentación completa de los contratos legalizada, para cada uno de los diputados”, informó el presidente en ejercicio de la Comisión, Walthy Egüez, de Creemos.
Puede leer: La ANH atribuye filas a sobredemanda y dice que descarga combustible en Arica
Contratos
Egüez criticó la actitud del Gobierno al enviar información incompleta y calificó la acción como una irresponsabilidad que impide un análisis y fiscalización adecuados.
“Falta información. El Ejecutivo tomó con total irresponsabilidad, ocultando datos a la comisión y a los parlamentarios, lo que impide un análisis y fiscalización coherente”, sostuvo.
Los contratos en cuestión contemplan una inversión superior a los $us 2.000 millones para la construcción de plantas de producción de carbonato de litio.
La empresa Hong Kong CBC proyecta invertir $us 1.030 millones para dos plantas con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, mientras que Uranium One Group busca destinar $us 975 millones en una planta con capacidad de 14.000 toneladas anuales.
Entre las principales observaciones identificadas se encuentra la ausencia de anexos financieros, esenciales para evaluar los compromisos asumidos por el país.
Por ello, Egüez reiteró que no se tratarán los contratos hasta que se tengan “documentos legales completos”.
Litio
Este hecho es contrario con lo que pidió el presidente Luis Arce el miércoles, durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.
El mandatario pidió a la Asamblea no bloquear el desarrollo de Bolivia y no retrasar más la inserción del país en el mercado mundial de litio.
Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros llamó a la población de Potosí y al resto del país a movilizarse contra estos acuerdos, argumentando que los contratos conceden derechos de explotación del litio por 50 años sin asegurar beneficios reales para Bolivia.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recibirá el 51% de las utilidades generadas, además de regalías ajustables a futuras normativas tributarias. No obstante, los legisladores consideran que estas promesas no son suficientes y que persisten riesgos significativos.
