Pese al pedido de empresarios, gremiales, productores, industriales y otros sectores, el Gobierno no puede eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y alimentos, debido a que es competencia de la Asamblea Legislativa.
“No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el Presidente no puede hacerlo”, explicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.
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Disposición
La disposición se encuentra en la Ley 1613, que se publicó el 1 de enero de este año. La polémica norma permite a las autoridades estatales controlar, fiscalizar y decomisar los productos y mercancías que se acopien con el objetivo de encarecer su costo más adelante.
Sin embargo, el sector productor considera que la medida se puede implementar de forma arbitraria y afectar la economía del país, por lo que la rechazaron y advirtieron con movilizaciones.
Entonces, el Gobierno los convocó para dialogar y elaborar una reglamentación de manera conjunta para que no se sientan perjudicados, pero los sectores no asistieron, pues su pedido es la derogación inmediata de la disposición.
Al respecto, Silva cuestionó a estos sectores y los calificó como “empresarios políticos”, que ya piensan en las elecciones del próximo mes de agosto y que se esconden detrás de un pretexto económico para afectar al Gobierno.
Por ello, ante la imposibilidad de derogar la norma, el viceministro adelantó que la reglamentación comenzará a elaborarse en base a la propuesta de los sectores que sí asisten a las reuniones, como una parte de los gremiales.
“En la medida en la que hoy (miércoles) podamos avanzar con el sector gremial sería importante ir avanzando con la reglamentación; necesitamos implementar la disposición séptima en protección de la economía de la población”, afirmó.
El viceministro reiteró que la norma permitirá controlar la especulación, el agio y el contrabando que, en su criterio, afectan al bolsillo de los bolivianos.
