Tras la inasistencia de los empresarios al diálogo convocado por el Gobierno para analizar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que no se convoca al sector “para una fotografía o perder el tiempo”.
“No es de nuestro interés salir en fotografía con los empresarios, pues se los convoca a dialogar sobre temas que tienen que ver con la problemática del país, que tienen que ver con la problemática del sector, y de ninguna manera se los invita para una fotografía o para perder el tiempo”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Empresarios
Estas declaraciones surgen luego de que el sector empresarial no asista a la mesa de diálogo que el Gobierno había convocado para este martes. Los ministros de Justicia, César Siles; de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores; además de cuatro viceministros del área productiva esperaron a sectores empresariales, productivos y exportadores.
La norma publicada el 1 de enero de este año, e incluida en la Ley 1613, permite a las autoridades estatales el control, fiscalización y decomiso de productos y mercancías que se acopien con el objetivo de encarecer su costo más adelante.
Según el sector productor, la medida se puede implementar de forma arbitraria y afectar la economía del país.
Sin embargo, Silva dijo que se convocó al sector para conocer los fundamentos “o respaldos técnicos” para “derogar o abrogar” la disposición séptima. “Nos hubiera encantado conocer en una mesa de diálogo los argumentos, pero no argumentos basados en la subjetividad o en la especulación”, sino con respaldos técnicos y jurídicos, indicó.
Además, que los empresarios conocen “que la Constitución no le atribuye la derogación de la ley al presidente”.
Silva explicó que el presidente no puede “derogar, abrogar, modificar o dejar sin efecto una disposición normativa con rango de ley”. Sino que es una atribución de otro órgano del Estado.
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Gobierno
Consultado sobre porqué el Ejecutivo puso esa disposición dentro del PGE, Silva planteó que “los mismos sectores” pidieron que el Gobierno tome acciones para “evitar el contrabando”. Y la respuesta de los industriales era que “están distribuyendo con normalidad”.
Dijo que la disposición séptima “nunca fue concebida para afectar al comerciante minorista, al productor o al industrial”. Sino para “luchar” contra el contrabando a la inversa y darles a las instituciones del Estado, el “respaldo normativo para que realicen los controles”.
Para el 10 de febrero, en un ampliado multisectorial, se convocó a una marcha para exigir la anulación de la disposición a la que consideran que será usada para extorsionar a los diferentes sectores.
