El Gobierno no da marcha atrás con la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza la confiscación y decomiso de productos, y pide al sector empresarial, productor e industrial no tener miedo al diálogo con las autoridades.
“A los empresarios les estamos proponiendo que vengan al diálogo, que no tengan miedo a debatir, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar esta postura que han asumido. Les invitamos a desmesurar la disposición palabra por palabra para contrastar posiciones, ideas, y buscar soluciones”, afirmó este domingo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.
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Disposición
La norma cuestionada autoriza a las autoridades competentes confiscar productos, mercadería y alimentos que se acumulen con el objetivo de venderse más adelante a un precio más elevado.
En criterio de Silva, la disposición protege al sector productor, pues evita prácticas delincuenciales como el agio, la especulación y el contrabando.
Sin embargo, los sectores rechazan la medida y piden su abrogación. Pese a los intentos del Gobierno por buscar el diálogo, rechazaron las invitaciones y dijeron que la norma debe ser derogada antes de cualquier reunión.
“No entendemos si los empresarios, industriales, están defendiendo a los delincuentes o están haciendo política con este tema”, protestó Silva. Lamentó que tengan una postura tan radical de rechazo al diálogo, cuando debería verse como una oportunidad para buscar consensos.
Críticas
En un ampliado multisectorial, se decidió que el 10 de febrero se realizará un paro movilizado a nivel nacional contra la disposición confiscatoria.
“El que nada tiene, nada teme”, sostuvo Silva, insistiendo en la importancia de transparentar algunos temas del aparato productivo para proteger la economía nacional.
Además, el viceministro reiteró que el Gobierno no tiene la facultad de derogar la disposición, pues al tratarse de una ley vigente, es competencia de la Asamblea Legislativa.
Lo que el Órgano Ejecutivo puede realizar es la aprobación de decretos supremos o resoluciones ministeriales para esclarecer y limitar algunos aspectos de la norma.
