A una semana de la masiva movilización de los sectores privados, el Gobierno manifestó su rechazo a estas medidas de presión y criticó la postura de los productores, empresarios, industriales, gremiales y cívicos; aunque reiteró su intención de buscar el diálogo.
“Nos vamos a seguir sentando con todos los sectores. La mejor vía es el diálogo, los invitamos una vez más a que podamos sentarnos, revisemos y le decimos al sector productivo que pensemos en las familias bolivianas que ya se han visto afectadas por toda la conflictividad”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
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Diálogo
Este lunes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) presentaron formalmente un proyecto para derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos.
Paralelamente, el Comité pro Santa Cruz comunicó que también acatará el paro movilizado del próximo 10 de febrero, en una conferencia de prensa junto a los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
“El hecho de decir que uno no se va a sentar a la mesa de diálogo ya demuestra una posición extrema y los bolivianos no resolvemos de esa manera nuestros problemas. Por lo tanto, se puede considerar como una posición no racional y extrema”, criticó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Este lunes, Danilo Velasco, presidente de la Caneb, dijo que no había nada que dialogar con el Gobierno, pues el pedido es la derogación de la disposición.
Al respecto, la viceministra Alcón considera que se trata de un malentendido de la norma que se podría explicar en una reunión, para esclarecer cualquier duda y evitar medidas de presión que afectan a la economía.
Por ello, el Gobierno extendió la invitación a otras instituciones que se muestran más abiertas con el diálogo, como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).
