Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), reclamó que el sector empresarial está en un diálogo sin avances con el gobierno nacional sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE).
Para Camacho, no es normal que tanto empresarios como gremiales interpreten esa disposición como confiscatoria, mientras el gobierno habla de la lucha contra el contrabando, pero quienes se dedican a ese ilícito no tienen domicilio legal, enfatizó.
Aseguró que, en ese sentido, plantearon el proyecto de ley que enviaron al presidente y vicepresidente del Estado, así como a los presidentes de ambas cámaras, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra.
Camacho considera que sí es posible trabajar de manera conjunta en una norma que proteja al país del contrabando. «Nosotros no somos actores políticos», reclamó en La Razón Radio, al tiempo que señaló que este tipo de declaraciones afectan al diálogo.
Al leer la disposición observada, Camacho se preguntó si en ella se menciona a los contrabandistas, ya que el párrafo es “demasiado amplio”, lo que genera susceptibilidad, concluyó.
Esperan que el gobierno o la Asamblea Legislativa Plurinacional los convoque al diálogo sobre el proyecto enviado.
Camacho también aseguró que hasta ahora no se han registrado decomisos ni operativos, ya que la reglamentación aún no está lista.
Explicó que el contrabando no se origina en las industrias ni fábricas, sino en los intermediarios. Se preguntaba, además, si se podía considerar agio el tener almacenes con productos que probablemente hayan sido vendidos a futuro.
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