El ampliado multisectorial de productores, industriales, exportadores, gremiales, transporte y otros sectores ratificó este miércoles el paro nacional del próximo 10 de febrero en contra de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado contra decomisos y confiscaciones.
Reunidos en Tarija, los diferentes sectores emitieron una resolución, en la que lamentan que las autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa no den “señales de derogar” la disposición séptima que “pone en riesgo los empleos, la seguridad alimentaria y puede generar mayor crisis en el país”.
Critican, además, la situación económica generada por la “falta de dólares, escasez de carburantes, gasto público desproporcionado y mal manejo de la economía nacional que está generando una crisis insostenible”. Y recuerdan que esos problemas no son generados por la cadena de abastecimiento, al que ahora apuntan para “destruir”.
En el encuentro, los sectores productivos y económicos sumaron el apoyo del Comité Cívico de Tarija.
“Exigimos al presidente nato de la Asamblea Legislativa a que trabaje y convoque a sesión de forma inmediata para proceder a la respectiva derogación en base a la propuesta de ley que se le hizo llegar”, dice uno de las determinaciones asumidas.
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Disposición
Asimismo, le piden al presidente Luis Arce que mediante su bancada realice las acciones necesarias para que derogación de la norma.
En otro punto, exigen al “poder ejecutivo, dar solución a la falta de dólares, carburantes y a la crisis económica cumpliendo sus obligaciones como mandatarios para evitar que nuestros jóvenes se vayan al exterior por falta de oportunidades y las familias bolivianas sigan soportando la situación actual”. El ampliado determinó mantenerse en constante emergencia y realizar otras reuniones nacionales con el objetivo de evitar la aplicación de la norma.
La disposición séptima autoriza a las autoridades estatales a confiscar, decomisar y controlar los productos, alimentos y mercancías; con el objetivo de evitar el agio, la especulación y el contrabando.
Sin embargo, los sectores privados consideran que la norma es redundante y temen que se la pueda utilizar de manera arbitraria.
Reuniones
El Gobierno convocó a los sectores a dialogar para socializar la norma; sin embargo, varios sectores descartaron su asistencia.
Entre jueves y viernes, el viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, anunció que se reunirá con gremiales y empresarios.
“Ya se ha concertado un cronograma de reuniones que la vamos a llevar a efecto entre este jueves y viernes. Son dos jornadas, han sido invitados gremiales y el sector privado empresarial (…) El día de mañana (jueves) vamos a empezar las reuniones con el sector gremial”, explicó.
El Gobierno está abierto a reglamentar la disposición séptima con participación de los sectores en conflicto; para despejar dudas.
