Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley para derogar once artículos y cinco disposiciones de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE).
“En resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad (…), correspondiendo al Órgano Ejecutivo la aprobación del presupuesto, limitándose a su objeto y fin (…), no así estableciendo previsiones que sobrepasan temporal, temáticamente, finalísticamente (sic) su materia propia, ajenas al presupuesto en materia económica”, justifica el proyecto de ley.
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PGE
Los artículos derogados son el 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Mientras que las disposiciones que quedarían eliminadas son la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima, que generó grandes controversias.
Todas las normas están relacionadas principalmente con materia económica, tema que los legisladores consideran que fueron incluidos en el PGE con el objetivo de favorecer al Gobierno sin tomar en cuenta a los diferentes sectores o instituciones.
Por ejemplo, el artículo 19 que autoriza “al Banco Central de Bolivia (BCB), en su calidad de Agente Financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro” para acceder a préstamos. Los senadores denunciaron que se trata de hipotecar las reservas, por lo que pretenden eliminar la norma.
De igual manera, otros artículos que autorizan al Estado a acceder a financiamiento externo con organismos internacionales fueron eliminados.
Otros, como el 8, 9, 21, se eliminaron debido a que los legisladores consideran que se tiene un trato preferencial con algunas actividades que están exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En la sesión, los senadores recordaron que el PGE se aprobó por fuerza de ley, debido a que la Asamblea Legislativa no cumplió con el plazo de 60 días para su tratamiento, ya que el proyecto quedó «estancado» en la Cámara de Diputados.
Disposición
Respecto a las disposiciones, los asambleístas coincidieron en que la séptima atenta contra varios derechos constitucionales, puesto que autoriza el control y decomiso de productos que se acumulen con el objetivo de venderse a precios más elevados.
A causa de esta disposición, múltiples sectores marcharán el próximo lunes en todo el territorio nacional, exigiendo su eliminación.
El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados donde también deberá ser aprobado para que el Gobierno cumpla con la derogación de las normas mencionadas.
