Luego de que la Comisión de Economía Plural, Producción en Industria de la Cámara de Diputados aprobara un contrato por $us 1.030 millones con el consorcio chino Hong Kong CBC para la extracción de litio, diversos actores y sectores mostraron su rechazo por las condiciones en las que se desarrolló la sesión y por el contenido de los acuerdos.
“Contiene serios vicios de inconstitucionalidad, es ampliamente desfavorable a los intereses de nuestro país, entrega el control de un recurso estratégico y pone en riesgo la seguridad medioambiental”, escribió en sus redes sociales el expresidente Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC).
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Contrato
La sesión había entrado en cuarto intermedio el jueves, pero, de manera sorpresiva, el presidente de la comisión, el arcista Hernán Hinojosa, reanudó la sesión a altas horas de la noche.
Los diputados de oposición denunciaron que no se les avisó y que se trató de una maniobra del arcismo para lograr la aprobación del contrato.
De igual manera, representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y de la Federación de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas) advirtieron que la sesión se realizaba a puertas cerradas, sin permitir siquiera la participación de los medios de comunicación.
El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, afirmó que “Potosí se encuentra en emergencia” y que la próxima semana se realizarán movilizaciones en rechazo al contrato firmado.
Denuncia que se trata de un acuerdo entreguista, desfavorable para el Estado, para el departamento de Potosí y que no fue socializado con las instancias correspondientes.
Rechazo
“Estos contratos entreguistas, impulsados por aquellos que han demostrado ser vende patrias, buscan negociar el salar de Uyuni antes de que termine su gestión”, fustigó Marco Pumari, expresidente de Comcipo.
Pumari alentó las movilizaciones, pues, en su criterio, es el futuro del país y de las próximas generaciones que está en riesgo, debido a que se entregará un recurso clave para el desarrollo del país a una empresa trasnacional.
El Gobierno, por su parte, niega estas acusaciones y asegura que los contratos cumplen con la Constitución Política y traerán beneficios económicos al país y a las comunidades cercanas a los salares. Además, afirma que la socialización se realizó de manera apropiada.
Ahora, el contrato deberá ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobación, se lo remitirá a la Cámara de Senadores donde también deberá recibir el visto bueno para entrar en vigencia.
