Tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial que autoriza el decomiso y confiscación de productos no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.
“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, informó al salir del Ministerio de Justicia.
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Disposición
La reunión se realizó este martes, debido a la susceptibilidad de que el Gobierno comience a aplicar la norma, tras la autorización de los gremiales, quienes propusieron la elaboración de un decreto supremo que establezca textualmente que la disposición no alcanza al comercio minorista.
La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados. Sin embargo, diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.
Por ello, el lunes se realizó un paro multisectorial nacional en rechazo a la disposición, aunque no recibió mucho apoyo, según el Gobierno.
CEPB
Al respecto, Ortuño señaló que la CEPB no se sumará a ninguna medida de presión, aunque manifestó su respeto por las decisiones de estos sectores.
“Respetamos cualquier tipo de actitud y medida de los sectores productivos de Santa Cruz, las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos (…); la CEPB, sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo”, afirmó.
En los próximos días, el empresariado y el Gobierno continuarán con las reuniones para esclarecer todos los puntos necesarios sobre la disposición.
“Vamos a constituir fuerzas de trabajo para apuntar hacia soluciones concretas. No nos hemos puesto plazos, pero ya en esta semana vamos a intentar poner un cronograma”, explicó Ortuño.
Además, el presidente de la CEPB coincidió con el Gobierno en que no se puede pedir al Órgano Ejecutivo la derogación de la disposición, pues esa competencia le corresponde a la Asamblea Legislativa.
