Luego de haber logrado la primera reunión con resultados positivos sobre la disposición de la Ley Financial que autoriza decomisos de productos, el Gobierno espera que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) funja como intermediario con el resto de sectores productores privados movilizados contra la medida.
“Vamos a esperar que la CEPB haga el trabajo de coordinación con estos sectores. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el diálogo, queremos que los sectores privados tengan la certeza de que no estamos en contra de sus intereses (…), vamos a esperar que haga las gestiones necesarias”, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores al concluir la reunión.
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De esta manera, la autoridad espera que por medio de la CEPB se logre el diálogo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otras instituciones.
Flores reiteró que el Gobierno y el sector privado comparten intereses para incrementar la producción, la exportación y los ingresos que generan, por lo que no buscará, de ninguna manera, perjudicar sus actividades.
“Ya hemos hecho tres invitaciones, a las tres no han asistido (…), no queremos seguir desgastándonos, porque saben que seguimos invitando al diálogo, pero no quieren venir a dialogar”, fustigó el ministro.
Desde diciembre de 2024, solo la CNI asistió al diálogo con el Gobierno, pero a la reunión fue negativa, ya que la postura de los industriales era la de derogar la disposición que autoriza confiscaciones.
Por ello, el lunes se realizó un paro a nivel nacional por parte de los sectores productores, aunque, según el Gobierno, se evidenció que la medida no tuvo convocatoria y solo se presentó en algunos departamentos.
“No hay por qué tener una susceptibilidad para calentar el ambiente en este momento, en el sentido de que nosotros ya vamos a aplicar la normativa o lo vamos a hacer de forma negativa”, añadió la autoridad.
En la reunión de este martes, se acordó, una vez más, que la disposición séptima no podrá aplicarse sin el consenso de los sectores privados.
