Luego de que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) tuvo un primer acercamiento con el Gobierno para tratar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza comisos, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su malestar.
“La cadena productiva está cansada de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, protestó el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo.
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Cainco
Antelo criticó en reiteradas oportunidades al gobierno de Luis Arce por “apuntar a todos con el dedo, menos a sí mismos”. Actualmente, los sectores privados se encuentran en pugna con el Órgano Ejecutivo debido a la no autorización de exportaciones de carne y por la norma que permite a las autoridades decomisar y confiscar productos.
En criterio del Gobierno, las decisiones se deben a que son los ganaderos los responsables del alza de precios de la carne de res y recordando que a finales de 2024 algunos sectores productores “ocultaron” sus productos, como el aceite, generando especulación.
Por ello, la disposición busca frenar esas actividades a través de la disposición adicional séptima, pero sectores como la Cainco exigen que la norma se derogue.
Sin embargo, la CEPB dio las primeras señales de buscar un trabajo con el Gobierno para que la disposición se aplique, pero con el consenso del empresariado.
“Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”, fustigó Antelo.
En la reunión del martes se acordó que la disposición no entrará en aplicación hasta que se logren los consensos previos.
