La escasez de carburantes en el país continúa generando incertidumbre y afectando a diversos sectores, mientras las largas filas en los surtidores se han vuelto la imagen cotidiana. La situación se agrava por la imposibilidad del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para importar diésel y gasolina, debido a la falta de divisas.
A esa dificultad, se le añade el contrabando de combustibles, particularmente de diésel, que se transporta de manera ilegal a países vecinos o a zonas alejadas dentro del territorio boliviano.
En este contexto, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó que, en lo que va de 2025, se han decomisado aproximadamente 38.000 litros de diésel.
«Hemos hecho un comiso de aproximadamente 38.000 litros de diésel y unas 237 garrafas (de GLP) que pretendían sacar, especialmente, al país vecino del Perú», declaró Velásquez a Radio Panamericana.
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Diésel
El combustible decomisado forma parte de lo que Velásquez denomina “contrabando hormiga”, una modalidad en la que se van juntando pequeñas cantidades transportadas en bidones, garrafas y hasta bolsas plásticas, que luego se agrupan para ser enviados a mercados donde el precio es considerablemente mayor.
En Bolivia, el diésel se subvenciona a Bs 3,72 por litro, mientras que en el mercado internacional supera los Bs 8,88; la gasolina especial, que se comercializa a Bs 3,74, enfrenta una situación similar. Esta diferencia de precios incentiva el contrabando, ya que quienes transportan el combustible irregularmente buscan obtener mayores ganancias vendiéndolo en el extranjero o en el mercado negro.
Velásquez explicó que «hacen un contrabando hormiga, van juntando las cantidades y, cuando ya tienen suficiente, tratan de trasladarlo al vecino país, especialmente al Perú».
Además, destacó que se han detectado numerosos casos en los que minibuses son utilizados para transportar combustible en bidones y bolsas plásticas, evidenciando la creciente sofisticación de estas redes de contrabando.
El diésel decomisado es entregado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las personas detenidas son puestas a disposición del Ministerio Público para enfrentar las sanciones correspondientes.
