Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la escasez de gasolina, diésel y dólares que, en su criterio, ha “repercutido de manera negativa en la economía”, y exigió soluciones estructurales y no “únicamente medidas paliativas”.
La entidad lamentó que, en los últimos meses, la situación esté generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas, empresariales; así como de la población boliviana en general.
Asimismo, reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos fundamentales de la población boliviana; especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país; la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas”, dice parte del comunicado.
Y remarca que es “imperativo brindar certeza a la población boliviana, cada vez más afectada por las múltiples consecuencias negativas de la escasez de combustible: el aumento del costo de la canasta familiar, la falta de suministro de medicamentos, la dificultad en la asistencia escolar; y el riesgo para el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada”.
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Soluciones
La entidad reafirma su compromiso con el diálogo y exhorta al Estado a agotar todas las vías para establecer mesas de diálogo inclusivas con los sectores que han anunciado medidas de protesta y atender sus demandas. E insta a esos sectores a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de terceros.
“Es fundamental subrayar que todos los órganos del Estado deben asumir con responsabilidad su rol constitucional; trabajando en beneficio de la población boliviana. Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad”.
Además, la institución remarca que se mantendrá vigilante ante la evolución de la conflictividad en el país e intensificará sus esfuerzos para facilitar espacios de diálogo; que atiendan las demandas de las poblaciones afectadas por la crisis económica.
El documento señala también que la Defensoría está desarrollando un plan de verificaciones y otras acciones para evidenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en días pasados; “exigiendo su efectividad para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población boliviana, sin excepción”.
La falta de combustible ha generado, hace varias semanas, largas filas en las estaciones de servicio de todo el país; lo que ha provocado la protesta de sector productores, transporte y la población en general.
El Gobierno atribuyó la escasez a la falta de dólares y culpó a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos por más de $us 1.600 millones.
