El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este martes la Ley 1503 de compra de oro, promulgada en mayo de 2023, al asegurar que permitió movilizar 23,5 toneladas del metal precioso para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y evitar que Bolivia cayera en default (impago) de su deuda externa.
La declaración se dio durante una sesión en la Cámara de Senadores, donde la norma fue cuestionada por legisladores de oposición y afines al expresidente Evo Morales.
«Gracias a esta ley, el Banco Central pudo comercializar oro en mercados internacionales y generar flujos que nos permitieron pagar el servicio de la deuda externa. Sin esto, hubiéramos entrado en default», afirmó Montenegro, en respuesta al senador Hilarión Mamani, quien preguntó: «¿La Ley del Oro ha servido?».
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Ley
El ministro atribuyó los resultados como limitados debido al retraso en su aprobación. «El proyecto se planteó en mayo de 2021, pero se aprobó en abril de 2023. Si hubiéramos actuado antes, el impacto sería mayor», argumentó.
La Ley 1503 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a comprar oro del mercado interno y usarlo en operaciones financieras internacionales para respaldar las RIN, que actualmente se encuentran en mínimos históricos.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2022, Bolivia pagó $us 1.810 millones por servicio de deuda externa; en 2023, el monto bajó a $us 1.491 millones y en 2024, ascendió a $us 1.526 millones.
Montenegro argumentó que, sin los ingresos del oro, el país no habría podido cubrir estos pagos ante la disminución de desembolsos de créditos externos.
Los senadores evistas Luis Flores e Hilarión Mamani cuestionaron los resultados de la ley durante la sesión, donde el tema central era un crédito de $us 75 millones para un programa climático.
«¿Dónde están los beneficios concretos para la población?», insistió Mamani, en línea con las críticas de que la norma prioriza el pago de deuda sobre inversión social.
Montenegro insistió en que la ley sirve para evitar el colapso crediticio, mientras los críticos exigen transparencia en el uso del oro y priorizar políticas que reactiven la economía local.
