Un grupo de al menos 500 transportistas destruyó el martes con maquinaria pesada un puesto de cobro de peajes de Vías Bolivia en Ivirgarzama, Cochabamba, en medio de protestas vinculadas a la escasez de combustibles.
El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, anunció que se iniciarán acciones legales contra los responsables bajo el artículo 223 del Código Penal, que sanciona la destrucción de bienes estatales.
Según el funcionario, los atacantes superaron en número a los cinco policías y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que custodiaban el lugar.
«Condenamos estos actos y llamamos a respetar las leyes que mantienen el orden jurídico», declaró Ponce de León, tras señalar que el incidente se enmarca en convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos.
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Transportistas
El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado el lunes que su sector suspendería el pago de tributos y peajes ante la imposibilidad de acceder a divisas para adquirir combustibles, medida que propuso el Gobierno para aliviar la escasez de carburantes.
El viceministro advirtió que tales llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», delito penado por el Código Tributario.
El Gobierno reiteró que la red vial nacional depende financieramente del cobro de peajes, y que su destrucción afecta la mantención de carreteras, por lo que la medida es contraproducente para el propio sector. Por ello, Ponce de León instó a los transportistas a no seguir consignas que violen la ley, mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina agudiza el conflicto entre el sector y el Estado.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció el domingo que esta semana se debe regularizar el suministro de combustible, pero el transporte pesado denuncia que no se cumplió el compromiso, por lo que se declaró en quiebra.
