La ejecución presupuestaria en inversión pública del país cerró 2024 con apenas un 50% del presupuesto vigente $us 4.841 millones, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo en su Rendición Pública de Cuentas Final.
Este porcentaje, el más bajo en años, refleja una caída del 9% en montos ejecutados respecto a 2023, pasando de Bs 18.233 millones a Bs 16.671 millones. Para Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, la cifra evidencia una política de “austenidad reactiva” que prioriza controlar el déficit fiscal costa del crecimiento económico y el empleo.
El análisis de Romero, basado en el informe oficial, destaca que la inversión pública retrocedió en todos los sectores estratégicos: el productivo solo ejecutó el 39% de su presupuesto, el social el 56%, infraestructura el 70% y el multisectorial el 50%.
Puede leer: YPFB afirma que las filas por combustibles redujeron en un 50%
Inversión
“Estos números no solo limitan la generación de empleo, sino que debilitan el mercado interno, ya frágil por problemas como la escasez de carburantes y dólares”, señaló el economista.
La tendencia a la baja se arrastra desde 2023, cuando la ejecución fue del 57%, $us 4.666 millones, pero se agudizó la gestión pasada.
Romero atribuye el declive a la reducción de ingresos hidrocarburíferos y a una estrategia gubernamental para evitar ampliar el déficit.
“Es una de cal por otra de arena: se sacrifica inversión clave para apuntalar las finanzas públicas, pero se ahonda la crisis productiva”, indicó.
El economista alertó que, pese a la “austeridad”, el modelo económico boliviano, dependiente del gasto fiscal y un mercado interno “endeble”, enfrenta un círculo vicioso.
“Si no se invierte en infraestructura o industria, no hay reactivación posible. Y si se recorta más, se profundizarán problemas como la falta de empleo y la caída de la demanda”, señaló.
Además, criticó que parte de los recursos podrían reorientarse a gasto corriente, una práctica que, según él, “no resuelve los desafíos estructurales”.
Romero también cuestionó la viabilidad de mantener esta política en 2025, año en que Bolivia enfrentará presiones adicionales, como la creciente deuda pública y la desaceleración global.
“Sin inversión pública estratégica, el país seguirá dependiendo de parches, mientras el modelo económico se resquebraja”, afirmó.
