El viceministro de Defensa del Usuario, Jorge Silva cuestiona a los industriales, empresarios, ganaderos y productores que —en su criterio— no dicen la verdad y, “amparados bajo el paraguas de la libre y la demanda, esperan al mejor postor. Antes, ellos eran los más afectados por el contrabando, ahora son los beneficiados por el contrabando a la inversa”.
Lamenta que la mejor oferta de precios no la tenga el comerciante formal, el minorista o el que compra para abastecerse y vender, sino el contrabandista.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Industria (CNI) atribuye al contrabando y a la falta de control de parte del Gobierno el alza de precios en la canasta familiar y la escasez de productos.
Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida. Indica que el contrabando en el país supera los $us 3.300 millones por año; y genera una evasión impositiva mayor a $us 930 millones.
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Contrabando
“El contrabando a la inversa, producto de la devaluación del tipo de cambio, está impulsando actividades productivas informales. El efecto es promover la desindustrialización”, dice.
Remarca que hay más de 40.000 industrias afectadas; y más de 600.000 fuentes de trabajo en riesgo.
Informa que, si bien existe un convenio de coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, con la Aduana, el Viceministerio de Defensa del Consumidor y otras instituciones estatales; “aún resta por profundizar las actividades público-privado para un trabajo estatal efectivo”.
“La industria participa con el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), genera el 11% del empleo formal, absorbe el 17% del crédito en el sistema financiero; contribuye con 50% de las exportaciones y aporta con 17% de las recaudaciones”.
