Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) aclaró este lunes que los proyectos de industrialización de litio en el Salar de Uyuni utilizarán 5,6 millones de metros cúbicos de agua al año, una cifra muy por debajo de los más de 47 millones de metros cúbicos que denuncian algunos sectores.
La estatal atribuyó el error a sumas incorrectas de datos técnicos y aseguró que el consumo real representa solo el 1,8% del agua de lluvia que recibe anualmente la región.
En un comunicado institucional, YLB explicó que los reportes mediáticos combinaron de forma equivocada dos tipos de agua: la de pozos y la desalinizada (proveniente del contrato con la empresa china Hong Kong CBC.
“Se realizó erróneamente la suma de valores de ‘agua de pozo´ y ‘agua desalada’, con datos del Anexo Técnico del contrato con CBC, que no pueden ser equiparables, debido a que el segundo, corresponde a la proyección de volumen de agua que será parte del proceso de tratamiento para uso industrial”, aclaró la estatal.
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Agua
Según YLB, los cuatro proyectos de carbonato de litio, uno en operación y tres en desarrollo, requerirán en total 5,6 metros cúbicos anuales de agua, respaldados por estudios técnicos.
Esta cifra contrasta con los 309 millones de metros cúbicos de precipitación pluvial promedio anual registrada entre 2010 y 2025 en la Estación Colcha “K” del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi).
«El consumo proyectado es 54 veces menor al agua que cae del cielo en la zona», subrayó la empresa, ante la desinformación que señala que YLB consumirá más recursos de lo que llueve en los salares.
La estatal garantizó que utilizará menos del 10% del caudal de recarga de las cuencas de Wasa Julaca, San Gerónimo, Río Grande y Cieneguillas.
«Este margen asegura que no habrá impacto en el consumo humano, la ganadería ni la agricultura de las comunidades aledañas», afirmó.
La aclaración de YLB surge tras críticas de organizaciones ambientales y medios que alertaban sobre un supuesto uso excesivo de agua en un ecosistema frágil.
La empresa reiteró que los proyectos cumplen con normativas técnicas y ambientales, y que los errores en los cálculos previos generaron desinformación y alarma “injustificada».
