El Comité Multisectorial, compuesto por gremiales, productores, transportistas y cívicos, anunció que el próximo miércoles realizará la denominada Marcha contra el Hambre y la Pobreza, en protesta por la situación económica que atraviesa el país.
Los sectores se concentrarán en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para bajar hasta La Paz y hacer conocer sus demandas a las autoridades.
“La cadena productiva, transportistas, industria y comercio, estaremos el 23 de abril en El Alto para realizar la marcha a la cual hemos llamado Marcha Multisectorial contra el Hambre y la Pobreza. Hacemos llamado a todas las instituciones con las cuales hemos compartido escenario en estos nueve ampliados nacionales”, dijo César Gonzáles, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia.
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Comité
El dirigente pidió a la Policía Boliviana “trabajar por el pueblo y no por un partido político”, por lo que la exhortó a no reprimir ni restringir el libre derecho a la protesta de los sectores y aseguró que la marcha será pacífica.
“Vamos a llegar y vamos a marchar como bolivianos; no como cambas, no como collas, no como departamentales, sino por la rojo amarillo y verde”, afirmó Gonzáles.
Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó que el próximo miércoles quedará claro el descontento que existe en la cadena productiva contra las decisiones que toma el Gobierno, a quien responsabilizan de la crisis económica.
En anteriores oportunidades, el Comité ya había advertido con marchar desde Patacamaya hacia La Paz. Semanas después recularon y dijeron que la movilización iniciará en La Apacheta, aunque al final la misma no se concretó.
Desde el Gobierno se acusa que el objetivo de los sectores es desestabilizar la gestión de Luis Arce, pues la principal demanda del Comité, la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ya fue atendida debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió su aplicación.
La polémica norma autorizaba el decomiso y confiscación de productos que se almacenen con el objetivo de venderse a precios más elevados más adelante.
