Representantes de la cadena productiva de Santa Cruz rechazaron este lunes cualquier intento del Gobierno de intervenir las unidades productivas y centro de remate del ganado con el pretexto de realizar un control de precios o el supuesto beneficio social.
Agropecuarios, transportistas, instituciones del sector privado, ganaderos y empresarios se reunieron este lunes para emitir un comunicado conjunto y advertir que están en emergencia.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruíz, dijo que las recientes medidas y anuncios del Gobierno solo agudizan la crisis económica y vulneran el derecho a producir en libertad.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo de cualquier intento del Gobierno de intervenir, regular bajo el supuesto control de precios. Estamos unidos y ratificamos nuestro compromiso con Bolivia, para su alimentación a precios inferiores que países vecinos tienen”, dijo en conferencia de prensa.
El dirigente hizo alusión a las declaraciones del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, quien hace unos días anunció el inicio de controles a los centros de remate.
Ruíz exigió que el Gobierno les garantice el derecho a “producir, innovar y exportar en condiciones de transparencia y competitividad”.
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Recordó que el precio de la carne en Bolivia es el más bajo de la región, lo que incentiva el contrabando debido a la falta de una política cambiaria clara y la devaluación del boliviano.
“El veto a la exportación e imposición de precios no hacen más que desalentar la cadena productiva. La cadena productiva no es parte del problema, si no de las soluciones de la economía generando divisas y dinamizando la economía”, complementó.
Además, responsabilizó al Gobierno por la escalada de precios “debido a una economía colapsada, el tipo cambiario que parecería que no lo quieren ver y a la hora de asumir su responsabilidad, buscan culpar a una cadena, un sector que lo único que hace es abastecer sin intermitencia de productos”.
Al respecto, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, lamentó que el Gobierno quiera culpar al campo de una crisis que, en su criterio, ellos provocaron y coincidió con Ruíz en que no permitirán la intervención de propiedades privadas ni centro de remate.
Frerking remarcó que el siguiente paso podría ser la intervención en otros sectores privados, como farmacias o tiendas de barrio. “Aquí está reunida toda la cadena productiva. No vamos a permitir la intervención de ninguna propiedad privada”, sentenció.
