La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció este jueves una nueva invasión violenta en el predio Santa Rita, ubicado en una zona agrícola estratégica en Santa Cruz, donde grupos encapuchados y armados están impidiendo el inicio de la siembra de maíz y sorgo.
Según la institución, estos actos buscan forzar el avasallamiento definitivo de la propiedad, tal como ocurrió con otras tierras productivas en el país.
Jaime Hernández, gerente general de Anapo, señaló que la situación evidencia una «fractura peligrosa en la seguridad jurídica» boliviana.
«Estamos frente a un ataque directo al derecho a producir. Se impide sembrar para luego justificar la ocupación. Y esto ocurre en predios legalmente protegidos, con medidas judiciales que deben cumplirse. No se puede tolerar más impunidad», afirmó, exigiendo intervención urgente de las autoridades.
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Anapo
Melisa Barba, propietaria del predio, detalló que esta es la cuarta invasión en Santa Rita, cada vez con mayor violencia.
«Claramente su objetivo es apoderarse de todo, actuando de manera organizada. Las autoridades conocen los hechos y los nombres de los responsables, pero no actúan», denunció.
El predio cuenta con medidas cautelares y una orden de desalojo emitida por un juzgado, que obliga a la Policía a intervenir ante cualquier ocupación ilegal. Sin embargo, por el momento, los efectivos no han ejecutado el mandato judicial.
Anapo exigió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana cumplir con su deber constitucional de garantizar seguridad y proceder al desalojo inmediato.
El predio Santa Rita, dedicado a cultivos esenciales para la cadena agroindustrial, se suma a una lista creciente de propiedades avasalladas en los últimos años. Anapo recordó que estos hechos no solo paralizan la producción, sino que desincentivan inversiones en un sector clave para la economía.
La asociación alertó que, de no mediar acciones concretas, Bolivia podría enfrentar escasez de granos y oleaginosas, afectando directamente a industrias como la avícola, láctea y de aceites, debido a la falta de seguridad jurídica en el territorio nacional para los productores.
