La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) saludó este domingo las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la inflación, la escasez de dólares y la provisión irregular de combustibles, pero advierte que estas «no son estructurales ni suficientes» para controlar la crisis económica que atraviesa el país.
Aunque valora que puedan «coadyuvar en la lucha contra el contrabando y la especulación», exige un «plan integral de emergencia» que incluya liberar exportaciones, asegurar carburantes, dinamizar la economía y garantizar la actividad empresarial.
«Este plan debe apoyar a los sectores generadores de divisas, liberar las exportaciones, asegurar la provisión permanente de carburantes, garantizar el ejercicio de la actividad empresarial y dinamizar la economía», señala el comunicado del empresariado.
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La CEPB enfatiza que, sin soluciones duraderas al desabastecimiento de combustibles, provisión estable de dólares y apoyo de la Asamblea Legislativa, las medidas gubernamentales «tienen muchas barreras que podrían dificultar su efectividad».
El pronunciamiento responde al paquete de 11 medidas y siete decretos anunciados el viernes por el presidente Luis Arce, quien admitió «entender la molestia y preocupación de la población» por la falta de combustibles y el alza de precios.
Entre las acciones destacan el despliegue inmediato de 1.480 efectivos militares adicionales en zonas fronterizas y la distribución «al 100% del combustible para el eje troncal» desde el lunes 26.
La CEPB insiste en que la crisis requiere acciones urgentes más allá del control del contrabando.
«Sin el concurso responsable de la Asamblea Legislativa, las medidas tienen barreras», reitera, en alusión a la necesidad de consensos políticos para la aprobación de créditos de financiamiento externo.
Mientras tanto, el Gobierno prioriza frenar el «contrabando a la inversa», al cual responsabiliza por desvíos de combustibles y alimentos, y asegura que las Fuerzas Armadas mantendrán operativos en regiones críticas en las fronteras con Argentina y Perú.
El sector empresarial insiste en que, sin un abordaje integral, el descontento social y el riesgo de desabastecimiento persistirán, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
