Este martes, el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K emitió un fallo en el que ordena la “suspensión inmediata” de los contratos de litio con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
“El juez dispuso las siguientes medidas cautelares: Suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N 170/2024-2025 y N 197/2024-2025, que buscaban aprobar contratos con las empresas Uranium One Group y CBC”, informó la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que presentó la acción popular, en representación de 53 comunidades, el pasado 12 de mayo.
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Además, la organización añadió que el juzgado instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a “abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.
Los dos contratos estaban a la espera de ser tratados por la Asamblea Legislativa, mientras se realizaban procesos de socialización.
En septiembre de 2024, YLB y Uranium One firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con una inversión superior a $us 970 millones.
Posteriormente, en noviembre, se firmó el contrato entre YLB y la empresa china CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.
Ambos documentos fueron remitidos a la Cámara de Diputados, donde los legisladores denunciaron que se trataba de acuerdos entreguistas, que no se habían socializado con las comunidades y que eran perjudiciales para el Estado.
La diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), festejó el fallo de la Justicia, y aseguró que el Gobierno daba por hecho que se aprobarían los contratos, por lo que ya habían iniciado trabajos de operación sin autorización.
“Con esto (el fallo) se estaría paralizando tanto los trabajos de operación, que vienen haciendo estas trasnacionales en los salares de Uyuni, tanto el tratamiento en la Asamblea Legislativa. Entendemos que ahora se estaría notificando a la Cámara de Diputados para que se pueda paralizar el tratamiento de estos dos contratos”, indicó en entrevista con Radio Fides.
De acuerdo con la legisladora, YLB no puede firmar contratos sin que se realicen estudios de impacto ambiental.
