El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) expresó su respaldo al fallo judicial emitido por el tribunal de Colcha K que ordena la suspensión inmediata del tratamiento de los contratos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC, para la explotación de litio en el salar de Uyuni.
“Los potosinos hemos recibido con beneplácito esta suspensión del tratamiento de estos contratos de explotación del litio porque al fin y al cabo se hace justicia”, afirmó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, este martes.
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El dirigente cuestionó la forma en que el Gobierno avanzó con los acuerdos. “No puede ser que el presidente Luis Arce, la YLB y un ministro de Hidrocarburos de forma muy caprichosa puedan aprobar estos contratos”, señaló.
El contrato con CBC había sido firmado en una sesión que se desarrolló en la madrugada, sin la presencia de todos los miembros de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
El fallo de este martes fue emitido por el juez Edson Villarroel, quien, según Pérez, “ha hecho lo que corresponde al suspender estos contratos para que ya no se pueda concretar”.
Para Comcipo, la decisión sobre el futuro del litio debe ser tomada por el próximo gobierno y no por la actual administración.
“Sería lo más adecuado y lo más correcto mientras se haga un estudio serio de impacto medioambiental que es lo que corresponde porque afecta al medioambiente”, enfatizó el dirigente cívico, aludiendo también a los efectos sobre el agua y las comunidades locales.
Los cívicos potosinos se opusieron fuertemente a la aprobación de los contratos de explotación del litio, marchando en reiteradas oportunidades y logrando que el proyecto quede congelado.
El representante de Comcipo insistió en que la industrialización del litio debe ejecutarse “de manera responsable, coherente y cumpliendo los plazos establecidos” para garantizar un verdadero desarrollo del recurso.
El proceso judicial fue iniciado mediante una acción popular presentada por comunidades campesinas de la provincia Nor Lípez, y derivó en la suspensión de los proyectos hasta que se resuelva el fondo del caso. Los contratos estaban en trámite en la Asamblea Legislativa para su aprobación.
