El gerente legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina, explicó que, a la fecha, existen dos fallos judiciales que determinan, a través de diferentes argumentos jurídicos, la inexistencia de la afectación a derechos de comunidades circundantes al Salar de Uyuni, en los contratos de litio.
El abogado dijo que el primer fallo data del 20 de febrero de este año, emitido por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución Constitucional N°047/2025, que resolvió denegar la tutela solicitada por un ciudadano, mediante Acción Popular.
El segundo fallo, emitido el jueves por el Juzgado Mixto de Colcha K (Potosí) también denegó la tutela a la acción popular presentada por una organización de comunarios de la provincia Nor Lipez.
«Ésta es la segunda resolución judicial que obtenemos de este tipo, sobre una acción popular; anteriormente resuelta en La Paz. El razonamiento jurídico es que los contratos no están vigentes y que no había ninguna vulneración de los derechos colectivos de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) de Nor Lipez», aclaró Nina.
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YLB
La determinación del juzgado potosino deja, además, sin efecto las medidas cautelares, establecidas el 27 de mayo de la presente gestión.
Para el gerente legal, ambas resoluciones constituyen un importante precedente para determinar la viabilidad de la aprobación de los contratos en la Asamblea Legislativa, donde se encuentran actualmente para su tratamiento.
YLB firmó contratos con las empresas Uranium One Group y CBC para la industrialización del litio, con la instalación de plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Según la empresa estatal, una vez que los contratos sean aprobados se iniciará con la primera fase, que consiste en el diseño final de las obras, incluyendo los aspectos medioambientales y sociales, como la consulta previa, entre otros, antes de pasar a la etapa de construcción.
