El presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a frenar ejecuciones financieras contra prestatarios de vivienda social y otorgar un diferimiento a microunidades económicas y de mediana capacidad que atraviesan dificultades de pago.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el proyecto fue enviado el 6 de junio y plantea suspender durante seis meses las ejecuciones que afectan a familias con créditos de vivienda de interés social, muchas de las cuales ya enfrentan procesos de pérdida de sus inmuebles.
Al mismo tiempo, propone un diferimiento por el mismo período de tiempo en el pago de deudas adquiridas por pequeños prestatarios.
“Esta normativa es producto de la evaluación de las condiciones económicas complejas, generadas por más de tres años de bloqueos que han afectado la actividad económica y la gestión del presidente Luis Arce”, dijo Montenegro, según un boletín institucional.
Añadió que se trata de una medida concreta, diseñada a partir del análisis del impacto económico generado por más de tres años de bloqueos recurrentes y trabas legislativas, que limitaron la recuperación económica de país y frenado la aprobación de políticas clave.
“Este diferimiento no compromete al sistema financiero porque se limita a sectores concretos. La intención es clara: dar un respiro, no desestabilizar”, enfatizó.
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Prestatarios
Montenegro aclaró, además, que esta propuesta no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino una medida temporal, específica y focalizada, que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos, sin afectar la solidez del sistema financiero.
“Se quiere evitar que los prestatarios de vivienda de interés social, que actualmente enfrentan ejecuciones financieras y están perdiendo sus viviendas, sufran este tipo de desalojos. El objetivo es detener ese proceso”, justificó.
El 10 de junio, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) instruyó a la banca atender y analizar las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación créditos solicitados por prestatarios afectados en sus actividades por factores inherentes a la coyuntura económica.
Sin embargo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su “profunda preocupación” ante las propuestas de establecer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios y advirtió que esta medida “comprometería la estabilidad del sistema financiero”.
