Un Consejo Consultivo de emergencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) declaró el martes ilegales e inconstitucionales los contratos para la explotación de litio y anunció vigilias y movilizaciones hasta la ciudad de La Paz.
“Los contratos son ilegales e inconstitucionales, no deben tener el más mínimo tratamiento, por tanto, esto se rechaza enfáticamente”, indica el tercer punto aprobado por Comcipo, que se reunió de emergencia el martes.
En el encuentro, se aprobó además el pedido para que la Brigada Parlamentaria Potosina de las cámaras de Diputados y el Senado envíe un documento a la Asamblea Legislativa haciendo conocer las observaciones a los contratos de litio.
A las 17.15 de este miércoles, cuando la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group, Comcipo iniciará una vigilia en la plaza 10 de Noviembre, en Potosí.
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Comcipo
Además, se determinó aplicar “voto castigo” para el Movimiento Al Socialismo (MAS) si el oficialismo insiste con el tratamiento de las leyes.
En ese marco, se definió la ejecución de protestas en La Paz, aunque aún no hay fecha para las movilizaciones.
Asimismo, se declaró “enemigos de Potosí” al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra; la senadora del MAS, Ana María Castillo; y al presidente Luis Arce, quien fue señalado como “traidor del Estado boliviano”.
Este miércoles, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de Diputados tiene en la agenda el tratamiento del contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group. La inversión es de $us 975 millones para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio (EDL) y carbonato de litio en el salar de Uyuni.
El tratamiento del contrato se da pocos días después de que la Cámara de Diputados entrara en cuarto intermedio tras una sesión marcada por tensiones políticas, donde se intentó avanzar con otro contrato de industrialización del litio, esta vez con la firma china Hong Kong CBC por un monto de $us 1.030 millones.
Ese acuerdo quedó en suspenso tras discusiones, agresiones y acusaciones entre legisladores oficialistas, evistas y de oposición.
