La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que 64 personas naturales y jurídicas del sector privado ya fueron autorizadas para importar diésel y gasolinas con fines de consumo propio, en el marco del Decreto Supremo 5218 que flexibiliza los requisitos para el abastecimiento energético directo.
La medida, vigente desde septiembre de 2024, busca garantizar el suministro de combustibles al sector productivo ante el actual contexto de escasez y retrasos logísticos.
Entre las empresas habilitadas figuran firmas agroindustriales como Agrícola Río Victoria, Sofía Ltda., Industrias de Aceite S.A. y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), además de mineras como San Cristóbal, Sinchi Wayra y Pan American Silver Bolivia.
También accedieron empresas de construcción, cementeras de renombre como Soboce, y compañías logísticas.
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Combustible
Esta diversidad, según la ANH, demuestra la creciente participación privada en el abastecimiento energético, bajo un nuevo marco regulatorio ágil y transparente.
Gracias al Decreto 5218, los trámites que antes tomaban hasta un año ahora se completan en entre cinco y 10 días hábiles. Se eliminaron requisitos como la homologación del certificado de calidad por el IBNORCA y se simplificaron las declaraciones juradas.
La ANH continuará recibiendo solicitudes y prestando soporte técnico para nuevos actores interesados, reafirmando el objetivo estatal de fortalecer el aparato productivo y garantizar la seguridad energética del país.
La medida tiene el objetivo de que los sectores que más requieren de diésel no sufran desabastecimiento y tengan que parar sus actividades. En su momento, el Gobierno justificó la decisión, pues la minería y el agro son sectores clave para el ingreso de dólares al país que se destinan, justamente, a la importación de carburantes.
Pese a que la ANH presenta los resultados como un avance, desde la oposición denuncian ciertas irregularidades. El diputado evista Renán Cabezas denunció que Sustancias Controladas emite certificados para beneficiar a las cooperativas mineras afines al Gobierno.
Tras una intervención del Ministerio de Gobierno, se apartó a varias personas de sus cargos en tanto las investigaciones se profundizan.
