La ministra de Justicia, Jessica Saravia, confirmó este miércoles que el Estado recibió una “notificación de disputa” para un arbitraje internacional de parte la empresa petrolera Shell Bolivia Corporation (SBC). Sin embargo, aclaró que, el Gobierno actualmente no enfrenta un proceso legal activo con la petrolera.
“En su momento se tuvo un arbitraje comercial en el cual se pretendía el cobro de 12 millones de dólares; sin embargo, éste ha sido anulado”, explicó Saravia en conferencia de prensa.
Reconoció que recientemente la firma extranjera hizo llegar una nota al Estado boliviano expresando su intención de buscar primero un acuerdo y, en caso de no concretarse, plantear un arbitraje de inversión.
“Hay una nota que sí se ha cursado al Estado boliviano con la intención de que se puede entrar en un proceso primero de acuerdo para después, si es que no existe este, se puede iniciar un proceso de arbitraje de inversión”, precisó.
Obligaciones
Aseguró que, ante esta situación, ya se están tomando las previsiones necesarias a través de la Procuraduría General del Estado, que analiza los antecedentes y las obligaciones contractuales de ambas partes.
“No olvidemos que cuando hay un contrato no es solamente el Estado el que tiene obligaciones, también es la empresa la que se compromete a cumplir ciertas cosas”, subrayó la ministra.
Saravia reiteró que aún no existe un proceso en curso que implique una defensa formal por parte del país.
“Entonces, estamos en ese proceso de revisión; sin embargo, a la fecha, solamente, nos han hecho conocer la intención de iniciar un arbitraje. No hay ningún proceso en el que actualmente tengamos que asumir una defensa”, dijo.
Según documentos hechos públicos, la petrolera transnacional Shell remitió a la Procuraduría General del Estado una “notificación de disputa” contra Bolivia por varias vulneraciones.
La firma acusa al Estado boliviano de haber tomado medidas ilegales de forma reiterada, vulnerando los derechos del inversor, según un documento hecho público el martes por radio Fides.
Shell
“Escribimos en representación de BG Overseas Limited (el inversor) para notificarle una disputa entre el inversor y el Estado Plurinacional de Bolivia, y presentar esta notificación conforme al artículo 8 del Convenio entre Reino Unido y Bolivia sobre el fomento y la protección de inversiones de capital”, dice parte del documento presentado a la Procuraduría.
Según el sello de recepción, los documentos se enviaron además a la Cancillería y al presidente Luis Arce.
La notificación detalla que corren seis meses establecidos en el “tratado” para que las partes negocien y realicen consultas para dirimir la disputa.
“El inversor tiene una inversión protegida en Bolivia que incluye la titularidad del 100% de las acciones de Shell Bolivian Coporation-sucursal Bolivia (SBC)”, dice la nota.
Los documentos indican que el reclamo presentado por SBC establece que “Bolivia ha adoptado de manera constante medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor”.
Y detalla que una de las vulneraciones es el “abuso de autoridad pública en relación con los contratos de operación, en tres acuerdos celebrados entre SBC y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)”.
“Esta interferencia incluyó la aplicación de medidas legales diseñadas para reducir y la rentabilidad del inversor con el fin de favorecer a YPFB”.
La segunda vulneración es porque “los tribunales de Bolivia anularon ilegalmente un laudo arbitral legítimo dictado a favor de SBC por un tribunal boliviano que actuó conforme al derecho boliviano”. La empresa reclama un trato “justo y equitativo”.
Reclamos
Otro de los reclamos apunta al incumplimiento de pago, ya que “Bolivia incumplió con tres obligaciones de pago por varios millones de dólares por concepto de retribución adeudadas al inversor bajo contratos comerciales”.
Además, reclama la supuesta negativa de Bolivia a emitir documentación legal que otorga a SBC “una liberación de responsabilidad final, total e irrevocable respecto de un contrato de operación”.
Asimismo, Shell protesta porque “YPFB vendió ilegalmente miles de barriles de crudo propiedad de SBC sin autorización ni consentimiento, una violación de Bolivia de brindar un trato justo y equitativo al inversor”.
Reclama, además, porque “diversos órganos de justicia de Bolivia han mantenido una persecución maliciosa e ilegal contra SBC y cinco de sus empleados”.
Según la página de Shell en Bolivia, tiene participaciones en los bloques Caipipendi y Tarija XX Oeste. El bloque Caipipendi contiene el campo de gas condensado Margarita, el campo con mayor producción de gas en el país.
