La Procuraduría General del Estado asumió el análisis de la notificación remitida por la petrolera Shell Bolivia Corporation (SBC) y adelantó que el proceso será evaluado en los próximos seis meses antes de definir una eventual estrategia de defensa o diálogo.
El procurador general, Ricardo Condori, remarcó que el documento no constituye una demanda formal, sino una comunicación inicial dentro del marco de los tratados de inversión.
“Lo correcto es señalar que nos hicieron llegar una notificación de disputa por la que nos dan a conocer una posible demanda o arbitraje internacional relacionado con el tema de inversiones”, explicó.
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Shell
La autoridad recordó que la relación con Shell no es nueva y que en 2013 ya se emitió un laudo arbitral que establecía un pago superior $us 12 millones por parte del Estado boliviano. Sin embargo, ese fallo fue anulado en la jurisdicción civil, lo que dejó sin efecto la obligación. “No existe ninguna situación pendiente”, enfatizó Condori.
De acuerdo con el procurador, durante el periodo de seis meses se recopilará documentación legal, técnica, administrativa y financiera para determinar los pasos a seguir.
En ese marco, no descartó la posibilidad de abrir un proceso de negociación. “En su momento veremos si existe o no la posibilidad de ingresar a un diálogo con la empresa”, añadió.
La Procuraduría sostuvo que cualquier decisión se enmarcará en la normativa nacional y en los antecedentes del caso, y que solo si corresponde se evaluará un eventual pago. Condori insistió en que el Estado está preparado para encarar el proceso y que, a la fecha, no existe un arbitraje activo contra Bolivia.
SBC acusa al Estado boliviano de haber tomado medidas ilegales de forma reiterada, vulnerando los derechos del inversor. Según el reclamo presentado, el país “ha adoptado de manera constante medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor”.
