La Fundación Milenio presentó este viernes el libro “Bases de una política nacional del litio y salares”, donde plantea un ambicioso plan para transformar el aprovechamiento de este recurso estratégico.
La propuesta incluye un Anteproyecto de Ley sobre litio y recursos evaporíticos, con el que se busca sustituir el actual marco legal y abrir la cadena productiva a la inversión privada y extranjera.
El plan establece una meta inicial de 100.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio y lograr $us 1.500 millones en exportaciones, con una inversión total de $us 5.000 millones en un plazo de cinco a siete años.
Según la propuesta, en la primera etapa se instalarían cuatro nuevas plantas industriales, mientras que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) podría optimizar su producción en asociación con capital y tecnología externos.
Litio
El documento recuerda que Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de recursos de litio, pero carece de reservas probadas por falta de exploración y estudios técnicos.
Para Milenio, esta situación ha frenado la industrialización, en contraste con los avances de países vecinos en la cadena global de baterías y vehículos eléctricos. Por ello, el país no logra competir en el mercado mundial, pues apenas produce una “fracción” del consumo del recurso a nivel internacional.
El proyecto legislativo también sugiere transformar YLB en una sociedad anónima mixta con participación estatal, fondos verdes e inversores privados, además de garantizar seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y un ecosistema de innovación con universidades y centros de investigación.
Actualmente, la empresa está administrada en su totalidad por el Estado, lo que generó cuestionamientos, pues todavía no se logra explotar el litio y algunos especialistas alertan que la oportunidad podría perderse.
“Bolivia tiene los mayores recursos de litio del mundo, pero ha quedado rezagada. Para aprovechar esta oportunidad es necesario un nuevo marco legal, inversión privada y acuerdos nacionales que trasciendan a los gobiernos de turno”, afirmó Henry Oporto, director de la Fundación Milenio.
Actualmente, hay dos contratos de litio pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial frenaron su tratamiento, pues señalan que se debe tomar en cuenta el impacto ambiental que podrían tener estos proyectos, especialmente en las comunidades aledañas a los salares.
