Luego de que la Alcaldía de Viacha promulgara una ley para restringir las actividades mineras en el municipio, las empresas recicladoras de minerales salieron a las calles de La Paz para rechazar la norma que limita su trabajo y denunciaron casos de extorsión que ponen en riesgo cientos de empleos.
Los representantes pidieron la anulación de la ley aprobada esta semana, impulsada por los comunarios de la región, que prohíbe las operaciones de reciclaje de minerales.
“Se van a tomar acciones legales la siguiente semana a efecto de garantizar un derecho fundamental, el derecho al trabajo”, anunció el abogado del sector, Jorge Nina, quien adelantó que acudirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Puede leer también: Alcaldía de Viacha clausura mineras ilegales tras denuncias
Minería en Viacha
En la misma línea, Javier Mayta, dirigente de las recicladoras, denunció cobros indebidos por parte de algunos actores locales.
“Desde 2024, cuando entra la gestión del Renán P. y algunos dirigentes hemos sufrido extorsiones para tramitar nuestros manifiestos ambientales. Don Renán nos pide 20.000 y 30.000 dólares (…); ahora, hay empresas que estaban ingresando y han pedido 100.000 bolivianos”, aseguró.
En criterio de Mayta, la reciente denuncia de contaminación ambiental a causa de la minería se debe, en realidad, al incumplimiento de pago para poder operar.
Contaminación
Sin embargo, el sector admitió que algunos operadores ilegales trabajan con cianuro, pero insistió en que sus procedimientos no generan contaminación.
“Tenemos el drenado, eso del cianuro se degrada”, indicó Mayta, al señalar que además realizan aportes sociales.
De igual manera, los movilizados rechazaron las denuncias de que no pagan regalías mineras. Según el abogado Nina, “anualmente entregan a la comunidad 54.000 bolivianos” y han financiado infraestructuras como canchas, piscina y sauna.
Los dirigentes alertaron que la paralización de operaciones provocará pérdidas en la cadena productiva y reclamaron que no se presentaron estudios técnicos que confirmen la supuesta contaminación ambiental.
Por ello, pidieron al Gobierno y a las autoridades nacionales convocar a una reunión multisectorial que permita resolver el conflicto.
