La Cámara Automotor Boliviana (CAB) considera que retomar una medida similar a la Ley 133 de 2011, que legalizó vehículos “chutos” (indocumentados) bajo un programa único de saneamiento legal, implicaría graves consecuencias y vulneraría el Estado de Derecho, por lo que insta al Estado a reforzar los controles aduaneros y cumplir con la legislación vigente, que establece la confiscación de vehículos sin documentos.
En 2011, la Ley 133 permitió nacionalizar vehículos automotores de gasolina, gas natural vehicular (GNV) o diésel, además de tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques indocumentados al momento de la publicación.
Se fijó un plazo de 15 días para registrar dichos vehículos ante la Aduana Nacional y 90 días para completar el trámite; pasado ese margen, los vehículos no regularizados fueron susceptibles de decomiso.
Legalización
Hoy la CAB alerta que proponer una nueva legalización de autos indocumentados castigaría al sector formal que cumple con impuestos y regulaciones, fomentaría competencia desleal y pondría presión adicional sobre el estado para subvenciones de combustibles, entre otros riesgos.
De acuerdo con Johny Salvatierra, el sector automotor formal aporta $us 500 millones al año con el pago de impuestos. Además, generan 10.000 fuentes de empleo directas y 50.000 indirectas.
“Es muy fácil decir ‘vamos a nacionalizar’, lo que no se ponen a analizar es pan para hoy día y hambre para mañana; porque un sector como el nuestro paga en impuestos directos más de 500 millones de dólares al año”, protestó este miércoles en conferencia de prensa.
CAB
La CAB también advierte que muchos de estos vehículos provienen de contrabando, carecen de estándares técnicos y medioambientales y podrían incrementar problemas de seguridad y contaminación.
El pronunciamiento se realizó en respuesta a la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de nacionalizar vehículos chutos. De acuerdo con Salvatierra, ahora hay una “invasión” de motorizados indocumentados.
El sector exige que, en lugar de abrir discusión para legalizaciones, el Estado fortalezca la vigilancia fronteriza con la Aduana Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía, y que se respete la normativa actual.
En la CAB afirman que cualquier política nueva en esta materia debe considerar los efectos adversos económicos (pérdida de ingresos tributarios, aumento del gasto en subvenciones de combustibles), legales (incumplimiento de leyes vigentes) y ambientales (vehículos sin condiciones técnicas mínimas), para no generar un precedente negativo para la formalidad y la institucionalidad.
