La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este martes que sea el nuevo gobierno el que trate el proyecto de ley sobre diferimientos de créditos “sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”.
Mediante un comunicado, la entidad cuestionó el Proyecto de Ley 547/2024- 2025, con el cual se pretende diferir por seis meses el pago de cuotas de créditos para vivienda social y de micro y pequeñas empresas.
“Consideramos que cualquier disposición que involucre la estabilidad del sistema financiero, debe ser discutida y definida por la siguiente gestión de gobierno, sin la presión de normas contradictorias impuestas a último momento”, dice la nota.
Según la entidad privada, esa norma representa un riesgo debido a que pone en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero nacional, particularmente de las entidades dedicadas al microcrédito.
Diferimiento
“En muchos casos sufrirían el freno en el pago de cuotas de más del 80% de su cartera vigente, lo que las colocaría al borde la suspensión de sus actividades”, alertó.
Además, explica que el diferimiento de créditos “impuesto verticalmente y sin ningún consenso con los actores económicos directamente involucrados” es una forma de intervención estatal en la economía.
Y “una distorsión a la relación entre los ahorristas que colocan su dinero en el sistema, los ciudadanos que recurren al crédito, y las entidades de intermediación financiera que gestionan la operación en base a acuerdos y compromisos”.
La CEPB indica que, si bien comprende la delicada situación de muchas unidades económicas y familias, remarca que la crisis debe enfrentarse con políticas estructurales y coherentes. “No con medidas dispersas, improvisadas e inconsistentes que solo profundizan la inestabilidad y la incertidumbre”.
Afectación
“La postergación de pagos no afecta únicamente a las entidades financieras, ya que compromete el ahorro de las personas naturales y jurídicas, al trabajo de los gestores de créditos, a las compañías de seguros y a quienes no podrán adquirir nuevos préstamos por la falta de liquidez de las entidades financieras afectadas”, remarcó.
Recuerda, además, que las anteriores experiencias de suspensión de pago de créditos no solucionaron los problemas que pretendían corregir. “Por el contrario aportaron a incrementar la mora y generar una peligrosa tendencia a evadir el cumplimiento de obligaciones”, enfatiza el comunicado.
Los empresarios indican que, con ese proyecto de ley, el Órgano Ejecutivo cuestiona su compromiso de garantizar una transición responsable y evitar medidas que debiliten la situación económica.
Asimismo, la entidad pide a la Cámara de Senadores que tome una decisión “prudente y correcta y que impidan la aplicación de una medida que va a profundizar la grave crisis por la que atraviesan todos los bolivianos”.
El Proyecto 547/2024-2025, se denomina Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña.
Sistema financiero
La norma, aprobada ya en la Cámara de Diputados, introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.
Entidades como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) advirtieron que la norma podría afectar la estabilidad del sistema financiero.
Sin embargo, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) afectará solamente al 3% del sistema financiero, por lo que el impacto “no es significativo”.
