La Aduana Nacional inauguró la nueva y moderna infraestructura del Área de Control Integrado para Viajeros en Pisiga, frontera con Chile, con una inversión de Bs 38,6 millones, consolidando un punto estratégico para el comercio y el tránsito internacional.
La presidenta de la institución, Karina Serrudo, destacó que Pisiga es actualmente la frontera más grande del país, por donde transitan alrededor de 750.000 personas al año, principalmente comerciantes que se dirigen a la Zona Franca de Iquique (Zofri).
“Esta frontera controla cerca de 750.000 personas al año, es la frontera más grande, con el 36% de gente que pasa por esta frontera, gente que va a hacer comercio principalmente a la Zofri”, indicó Serrudo durante el acto de entrega.
Aduana
La obra amplía la infraestructura del área de control de 200 metros cuadrados a más de 2.600 metros cuadrados, con nuevas oficinas, estacionamientos y un corredor peatonal exclusivo para mayor seguridad. Además, incorpora conectividad mediante fibra óptica y Wi-Fi gratuito para los viajeros.
Entre las innovaciones tecnológicas, la autoridad resaltó la instalación del primer escáner fijo de última generación del país, capaz de operar las 24 horas y revisar contenedores y camiones en tránsito internacional, mejorando significativamente la eficiencia y seguridad de las operaciones aduaneras.
“Es un punto estratégico de paso con el país de Chile para llegar al océano Pacífico. Ustedes saben muy bien que somos un país sin litoral y lo más cercano que tenemos para pasar a ultramar con toda nuestra mercadería, tanto de importación como de exportación, es esta frontera de Pisiga y Tambo Quemado”, explicó Serrudo.
La obra completa los dos módulos del Área de Control Integrado, especializados en el tránsito de mercancías y de personas, lo que permitirá agilizar el paso fronterizo y reducir costos operativos para la institución.
Según la presidenta de la Aduana, el complejo “es casi un mini aeropuerto”, que supera en condiciones al área de control del lado chileno, y representa además ahorros significativos para el Estado, principalmente en el pago de alquileres por instalaciones externas.
