El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que la venta o reventa no autorizada de combustibles en el país constituye un delito penal y debe ser investigada de oficio por el Ministerio Público, debido al impacto que genera en el mercado y en los consumidores.
“Es el Ministerio Público, a través de las fiscalías en todos los distritos, el que de oficio debería proceder a lo que corresponde. Es decir, es un delito vender combustibles sin la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, señaló Silva en declaraciones a los medios.
La autoridad denunció que estas actividades ilegales, que incluyen la reventa dentro del territorio nacional y el contrabando hacia países fronterizos, fomentan la especulación y el incremento irregular de precios.
Combustibles
Este hecho, según el viceministro, genera que el consumo habitual en las estaciones de servicio se vea alterado.
“Estas personas que están revendiendo en el mercado interno están generando especulación, pero también son las mismas que están cruzando la frontera y revendiendo a un precio mayor”, precisó.
El viceministro lamentó la falta de controles más estrictos en los puntos de distribución y pidió una acción conjunta de las instituciones competentes para frenar estas prácticas ilícitas.
Recordó que la comercialización de carburantes está estrictamente regulada y que solo las empresas o estaciones de servicio con autorización de la ANH pueden realizarla.
“Nosotros, en defensa de los usuarios, tenemos la necesidad de exigir a las otras autoridades trabajar en ese sentido para dar seguridad, dar certeza y aplicar los procedimientos”, afirmó Silva.
Pese a las declaraciones de la autoridad, el desvío de combustibles y la especulación se volvieron una actividad constante. En redes sociales se observa cómo personas cargan en turriles y revenden el carburante en precios mucho más elevados para sectores que requieren del diésel y la gasolina para no paralizar sus actividades económicas.
