El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó este jueves una querella penal contra la directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Magdalena Panduro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, luego de que se suspendiera la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) por su inasistencia.
La sesión, convocada para abordar la creciente ola de avasallamientos de tierras productivas en el departamento, no pudo instalarse debido a la ausencia de la representante del INRA, institución que —por norma— ejerce la secretaría de la CAD, y cuya presencia es indispensable para habilitar la sesión.
“Tiene la obligación, de acuerdo a ley, para asistir y no lo ha hecho. Por lo tanto, en cumplimiento de nuestro compromiso con el pueblo cruceño, hemos presentado la denuncia por incumplimiento de deberes”, declaró Camacho a la prensa a las puertas de la Fiscalía.
El gobernador acusó al INRA y al Gobierno central de ser “cómplices de los avasallamientos” que afectan a productores e inversionistas del oriente boliviano. Afirmó además que la ausencia de Panduro refleja una actitud de “burla” hacia Santa Cruz.
Avasallamientos
“Esta gente ha sido cómplice de los avasallamientos y no quiere darle la cara al pueblo cruceño. La Comisión Agraria debía funcionar para fiscalizar los procesos de saneamiento y dotación de tierras, pero nuevamente se nos impide avanzar”, añadió.
La reunión suspendida debía realizarse en el Centro de Educación Ambiental (CEA) con la participación de sectores productivos e indígenas, entre ellos la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Federación de Campesinos.
Aunque no hubo representación del INRA, los presentes dialogaron sobre cómo frenar los avasallamientos y garantizar la propiedad privada para que los productores puedan trabajar las tierras sin el riesgo de ser amedrentados por grupos irregulares.
Camacho indicó que la denuncia busca sentar un precedente institucional y exhortó a las futuras autoridades a “no seguir burlándose del pueblo cruceño”. En su criterio, estas actividades ilícitas amenazan la seguridad jurídica y la producción del país.
