La propietaria del predio El Encanto, Grecia Yucra, denunció este jueves que el Ministerio Público desestimó su denuncia por el cuarto avasallamiento sufrido desde 2021, pese a que en anteriores ocasiones la Justicia reconoció la legitimidad de su propiedad.
En su criterio, esto se debe a los vínculos de los avasalladores con autoridades del Viceministerio de Tierras.
Yucra y su abogado, Álvaro La Torre, mostraron documentación, fotografías y antecedentes que prueban la violencia con la que los grupos invasores actuaron nuevamente en la zona de Ascensión de Guarayos, destruyendo cultivos y amedrentando al personal.
Avasallamiento
“En cuatro ocasiones anteriores se aceptaron denuncias por hechos similares, en la misma propiedad, con las mismas víctimas y los mismos avasalladores. Ahora que se presentan con los rostros descubiertos, resulta que nos desestiman la denuncia y nos dicen que esto es delito de despojo”, cuestionó La Torre, quien calificó la actuación fiscal de “incomprensible”.
Los denunciantes fueron más allá al señalar presuntos vínculos entre los avasalladores y autoridades del Gobierno saliente, entre ellas el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero Peñaranda, a quien acusan de reunirse con los grupos que promueven las tomas ilegales.
Encubrimiento
“Nos hemos enterado que esta organización criminal tiene tentáculos en el Gobierno, empezando por el señor viceministro de Tierras”, afirmó la también productora Mellissa Barba, quien aseguró que los avasallamientos en Guarayos se repiten desde hace más de dos años sin una respuesta efectiva de las autoridades.
El abogado La Torre también cuestionó al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Mariaca, por supuestamente favorecer a los invasores.
“¿A qué estamos jugando, señor Mariaca? ¿Pretende pagar favores antes del cambio de gobierno?”, reprochó.
Los productores exigieron la intervención inmediata de la Policía y del Ministerio Público, además de la destitución de los funcionarios que, en su criterio, son cómplices por omisión o acción.
“El Encanto no es el único caso; hay otras propiedades amenazadas y familias que viven con miedo de que sus tierras sean tomadas. Lo que pedimos es justicia y garantías reales”, expresó Barba.
El caso se suma a una serie de denuncias de productores del norte cruceño, quienes advierten que los avasallamientos se han incrementado en los últimos meses, afectando no solo la producción agrícola, sino también la confianza en la inversión rural y la estabilidad en el campo boliviano.
