La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) expresaron este viernes su rechazo a un nuevo diferimiento de créditos.
En ese sentido, mostraron su preocupación por la aprobación del Proyecto de Ley 547/2024-2025, conocida como Ley de Diferimiento de Créditos, y advirtieron que su aplicación podría afectar gravemente la liquidez del sistema financiero.
Diferimiento
Según el pronunciamiento conjunto, la norma “alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa en la liquidez de las entidades de intermediación financiera”, lo que impactará en la capacidad de los bancos y microfinancieras para seguir otorgando créditos a familias, emprendedores y empresas, generando consecuencias directas sobre la actividad económica del país.
Las tres entidades recordaron que el diferimiento generalizado y automático, sin mecanismos compensatorios ni evaluación de los prestatarios realmente afectados, podría debilitar la estabilidad del sistema financiero y poner en riesgo la confianza del público.
“Lamentamos profundamente que las actuales autoridades, al fin de su mandato, hayan inducido a su aprobación, en lugar de promover medidas responsables, equilibradas y sostenibles en beneficio de toda la población boliviana”, señala el comunicado.
La Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, sancionada este viernes por la Asamblea Legislativa, suspende por seis meses los embargos y ejecuciones judiciales e incluye un diferimiento de pagos de capital e intereses para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas.
El sector financiero había advertido previamente que una medida de este tipo, sin coordinación técnica, podría replicar los efectos negativos del diferimiento aplicado durante la pandemia de 2020, cuando la morosidad y la falta de liquidez afectaron temporalmente la sostenibilidad de las entidades financieras.
Pese al rechazo de Asoban y de Asofin, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) celebró la aprobación de la ley, debido a que el sector no se encontraba en condiciones para continuar con los pagos a las entidades financieras, debido a la crisis económica que atraviesa el país.
“Podemos darle un alivio a nuestra gente. Decirles que tenemos seis meses para exigir a este nuevo gobierno que haya reactivación económica, que hay movimiento económico, que haya combustible”, indicó Helen Rivero, representante del sector.
