La Cámara Nacional de Comercio (CNC) rechazó “categóricamente” la sancionada ley de diferimiento de créditos y pidió a las nuevas autoridades, que asumirán el 8 de noviembre, revisar ésta y “otras medidas que van en contra de la recuperación productiva del país”.
Mediante un comunicado, difundido este domingo en sus redes sociales, la CNC califica el proyecto de Ley 547/2024-2025 “como una norma improvisada e irresponsable de las autoridades salientes que aumenta la tan mellada economía del país”.
“El diferimiento forzoso de créditos rompe los principios básicos de previsibilidad y seguridad jurídica, desincentiva la intermediación financiera y pone en riesgo el acceso futuro al crédito, especialmente para el sector productivo y emprendedores”, alerta la nota.
Además, advierte que va contra el sistema financiero, afecta la liquidez de las entidades bancarias y golpea directamente al sector productivo, a las fuentes de empleo y a la inversión.
En el comunicado, la CNC recuerda que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas dependen del crédito para mantener operaciones, cumplir sus obligaciones y propiciar su crecimiento.
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Equilibrio
“Distorsionar este equilibrio es debilitar la economía entera de Bolivia”, advierte.
Asimismo, remarca que las políticas públicas deben construirse en base a criterios técnicos, diálogo y responsabilidad, “no en decisiones de un Gobierno arbitrario que solo busca ampliar la actual crisis económica que nos afecta”.
En ese marco, la entidad solicita a “las nuevas autoridades revisar de inmediato ésta y otras medidas aprobadas que van en contra de la recuperación productiva del país”.
El viernes, la Asamblea Legislativa sancionó la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Este domingo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que la norma aún no fue promulgada y que el Órgano Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días para su revisión.
Rechazo
La ley establece tres medidas centrales para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas: la suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales; diferimiento de pagos de capital e intereses por seis meses; y el mantenimiento de las condiciones originales de los créditos, sin cobros ni intereses adicionales.
Al igual que la CNC, otros sectores empresariales y financieros rechazaron la norma. Es el caso de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) que advirtieron que su aplicación podría afectar gravemente la liquidez del sistema financiero.
