La reestructuración del Órgano Ejecutivo impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira apunta a un ahorro anual estimado de al menos $us 1.000 millones, según el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares.
La medida forma parte de una política de austeridad destinada a reducir el déficit fiscal y desmontar estructuras burocráticas que, según el Gobierno, fueron diseñadas para sostener prácticas de corrupción.
“Tenemos que ahorrar al menos tres puntos del déficit fiscal, eso más o menos son 1.000 millones de dólares en un año”, explicó Linares, citado por la ABI.
Reducción del aparato estatal
El Decreto Supremo 5488 establece la reducción de 17 a 15 ministerios, aunque la cifra descenderá a 14 con la reciente eliminación del Ministerio de Justicia. También disminuyen los viceministerios de 58 a 54 y se suprimen 15 direcciones, reconfigurando la estructura estatal para hacerla más eficiente.
Linares detalló que, en el Ministerio de la Presidencia, se aplicará una reducción de personal de alrededor del 30%, incluso cuando esa cartera asumió las funciones de dos ministerios fusionados.
Además, aclaró que la reforma no debe evaluarse solo por el número de unidades eliminadas, sino por la transformación de fondo en la estructura administrativa. “Estamos readecuando y queriendo desmantelar una estructura organizacional hecha a la medida de la corrupción”, afirmó.
En las semanas previas a la transmisión de mando, el Gobierno había previsto reducir las carteras de Estado a 12, pero la cifra final parece que será 14 ministerios.
Gobierno
Como siguiente paso, el Gobierno prevé reemplazar el decreto por una Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que será enviada a la Asamblea Legislativa para consolidar la nueva arquitectura del Estado y garantizar un marco moderno y transparente.
Según Linares, desde 2007 estos ajustes se realizaron mediante decretos orientados por “intereses caudillistas” que dañaron la institucionalidad.
El Gobierno sostiene que esta nueva estructura permitirá una gestión más eficiente, con menor gasto corriente y mayor capacidad operativa, en el inicio del proceso de reconstrucción económica impulsado por la actual administración.
Cuando se conoció el cierre del Ministerio de Justicia, el exviceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor Jorge Silva acusó unos 350 funcionarios quedarán en el desempleo.
Pese a que las nuevas autoridades sostienen que la reducción de ministerios significará un ahorro considerable, algunos analistas se muestran escépticos, debido a que consideran que la reducción de solo tres ministerios y cuatro viceministerios no será suficiente para disminuir el gasto público.
